Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, evalúa denunciar al registrador Hernán Penagos por no convocar la consulta popular

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, confirmó que evalúa la posibilidad de denunciar por prevaricato al registrador nacional, Hernán Penagos, luego de que este dejara en manos de las altas cortes la decisión sobre la convocatoria de la consulta popular decretada por el presidente Gustavo Petro.

A través de un video, el ministro Montealegre anunció: “El registrador (Hernán Penagos) tiene una agenda política, el registrador no está actuando jurídicamente, él se colocó en rebeldía contra el orden constitucional colombiano, es un desafío a la institucionalidad colombiana; un desafío que ya lo tiene en la línea de un posible prevaricato, porque él no puede negarse a cumplir el decreto del presidente”.

El alto funcionario del Gobierno no se detuvo ahí: encasilló al registrador Penagos con la oposición, advirtió que está en ‘arenas movedizas’ y explicó que el Ministerio de Justicia está evaluando la posibilidad de denunciarlo por prevaricato.

“Él, de hecho, en una situación fáctica, una vía de hecho, se abstiene de cumplir la orden presidencial y eso es nada más y nada menos que un delito de prevaricato, y además, una usurpación de una función pública, porque es que el control del decreto lo debe hacer la Corte Constitucional en un control posterior”, dijo el MinJusticia.

El registrador nacional, Hernán Penagos, cerró temporalmente la puerta al decreto del presidente Gustavo Petro, después de dejar el tema en manos del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, para que definan la suerte de lo que sucederá con el controvertido decreto presidencial.

¿Cómo podría revertirse la consulta popular?

Con el anuncio de una posible denuncia contra Penagos, el ministro Eduardo Montealegre también detalló la hoja de ruta que permitiría al presidente Petro echar para atrás la consulta popular, propuesta que surgió tras el archivo de la reforma laboral en el Congreso.

“Sigue un trámite de conciliación entre las comisiones de Cámara y Senado. Si la Comisión de Conciliación llega a un texto sobre una reforma laboral progresista, que les sirva a los trabajadores de Colombia, que luche contra la inequidad, la injusticia, que restablezca en muchos campos de la vida pública del país la dignidad del trabajador colombiano, y el Senado y la Cámara aprueban esa conciliación, pues el presidente de la República pensará muy seriamente revocar el decreto que convoca a la consulta”, dijo.

Esta postura se conoció después de que la plenaria del Senado aprobó en las últimas horas la reforma laboral, la cual tiene como límite hasta el 20 de junio para conciliación y aprobación definitiva.